Primera Radio

La posición de Estados Unidos sobre Marruecos ha experimentado en los últimos días un giro llamativo . Mientras en plena crisis de Ceuta la Casa Blanca y el Departamento de Estado se han apresurado a presentar a Rabat como uno de sus aliados más sólidos en el norte de África y destacan su cooperación en materia de seguridad, lucha antiterrorista, inmigración y normalización de relaciones con Israel, otros informes estadounidenses dibujan una realidad mucho menos complaciente. Documentos elaborados por la propia diplomacia estadounidense y testimonios presentados ante el Capitolio describen un país con graves carencias en la lucha contra la trata de personas y llegan incluso a señalar a Marruecos como ejemplo de utilización de la inmigración para modificar la política exterior de España.El contraste se ha hecho especialmente evidente durante la actual crisis migratoria en España. Mientras la Administración Trump ha responsabilizado públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación y ha evitado atribuir responsabilidades a Rabat, el propio Departamento de Estado advertía hace apenas unas semanas de los riesgos a que se enfrentan los inmigrantes precisamente durante su paso por Marruecos.El Informe sobre la Trata de Personas de 2025 , el más reciente, comienza con una conclusión poco habitual respecto de un aliado estratégico: «El Gobierno de Marruecos no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata». Aunque reconoce algunos avances, añade inmediatamente que Rabat «no cumplió los estándares mínimos en varias áreas clave». Ese informe fue elaborado por el equipo de Joe Biden antes de la entrada en la presidencia de Trump en 2025. Las deficiencias que enumera son concretas. El Departamento de Estado sostiene que las autoridades marroquíes aplican de forma desigual los protocolos para identificar a las víctimas de trata, que las derivan de manera irregular a refugios y servicios de asistencia y que esa falta de coordinación provoca incluso la infrautilización de los centros especializados creados para atenderlas.También reprocha a Rabat que no proteja adecuadamente a los inmigrantes más expuestos. «Debido a una detección inadecuada e irregular entre poblaciones vulnerables, como los migrantes, el Gobierno no adoptó medidas eficaces para evitar que posibles víctimas fueran penalizadas indebidamente por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de su explotación», concluye el informe.El informe dedica un apartado específico a las rutas migratorias que afectan directamente a España . Afirma que «los migrantes extranjeros, documentados e indocumentados, especialmente mujeres y niños, son muy vulnerables al trabajo forzoso y a la explotación sexual en Marruecos y durante su tránsito por Marruecos para llegar a Europa».A continuación incluye una referencia expresa a los territorios españoles más expuestos a estas rutas: «Los migrantes indocumentados subsaharianos y marroquíes que cruzan clandestinamente desde Marruecos hacia los enclaves españoles de Melilla y Ceuta o hacia las islas Canarias, y posteriormente hacia el resto de Europa, corren riesgo de ser víctimas de trata en Marruecos y en Europa».La propia diplomacia estadounidense vincula parte de esa vulnerabilidad con decisiones adoptadas por Marruecos. El documento recuerda que «en 2022, el Gobierno endureció las restricciones fronterizas con Europa», una medida que, según los observadores citados por el informe, incrementó la vulnerabilidad de los emigrantes indocumentados que quedaron atrapados en territorio marroquí y no podían regresar a sus países.El informe también describe un sistema de protección insuficienteEl informe también describe un sistema de protección insuficiente. Marruecos identificó en 2024 a 452 posibles víctimas de trata, pero sólo 229 fueron reconocidas formalmente como tales. Únicamente 34 recibieron alojamiento en un refugio gestionado por una organización no gubernamental con apoyo público e internacional. El Departamento de Estado señala que los funcionarios consultados para realizar el informe desconocían en numerosos casos los procedimientos de identificación y rara vez lograban detectar de forma preventiva a las víctimas.Las advertencias sobre Marruecos no terminan ahí. El 10 de febrero de este año, la Subcomisión para Europa de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, celebró una audiencia dedicada íntegramente a la denominada «inmigración masiva utilizada como arma», es decir, el uso estratégico de los movimientos migratorios para obtener ventajas políticas o geopolíticas.Entre los comparecientes figuraba Matt Boyse, diplomático estadounidense durante treinta y cinco años y que actualmente es investigador del instituto Hudson. En su declaración , incorporada al expediente de la audiencia, dedicó un apartado específico a la relación entre Marruecos y España. Su conclusión fue directa: «Marruecos ha estado utilizando a los migrantes para cambiar la política española, y lo ha conseguido».«Los cambios más drásticos se produjeron después de que Marruecos empujara en 2021 a unas 10.000 personas hacia los enclaves españoles de Ceuta y Melilla» Matt Boyse Diplomático de EE.UU. durante 35 añosBoyse situó como punto de inflexión l a crisis de Ceuta de mayo de 2021 . Según su testimonio, «los cambios más drásticos se produjeron después de que Marruecos empujara en 2021 a entre 8.000 y 10.000 personas hacia los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en apenas dos días, después de que España ofreciera tratamiento hospitalario a un dirigente rebelde del Sahara Occidental».El antiguo diplomático se refería a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que fue atendido en España. Boyse establece una relación directa entre aquella crisis migratoria y el posterior cambio de posición del Gobierno español sobre el Sahara Occidental. «Desde entonces», señala su declaración, «España abandonó casi cincuenta años de neutralidad sobre el conflicto del Sahara Occidental y el presidente Sánchez respaldó el plan de autonomía presentado por Marruecos en 2007 como la propuesta más seria, realista y creíble». El efecto de esa prresión resulta, para el ponente, claro. El compareciente no presentó el caso español como un episodio aislado en Europa. Lo incluyó dentro de una relación de casos en los que distintos estados utilizan los flujos migratorios para imponer costes, presionar a otros gobiernos y obtener cambios políticos . En la misma declaración analizó actuaciones atribuidas a Rusia, Bielorrusia y Turquía.Boyse describió a los inmigrantes como una especie de «termómetro» que determinados gobiernos pueden subir o bajar en función de sus intereses. Según su análisis, estos flujos permiten «presionar a los Estados miembros de la OTAN cuando y como se desee», enviar mensajes políticos, imponer costes y conseguir modificaciones de política exterior.A la luz de estos informes, mientras la Administración Trump insiste en presentar a Marruecos como un socio fiable en materia migratoria y centra sus críticas en el Gobierno español, sus propios informes y los testimonios incorporados al registro oficial del legislativo describen un panorama en el que Rabat aparece asociado tanto a graves deficiencias en la protección de los inmigrantes como a un precedente explícito de utilización de los flujos migratorios para obtener concesiones claras y directasde España.

La inflación es un 'impuesto invisible' que el Gobierno puede imponer sin legislación directa, aseguraba Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Su reflexión refleja lo que viene ocurriendo en España en los últimos años, en los que la evolución de los precios se ha convertido en una pesada losa para el bolsillo de las familias, situación que se ha agravado por la negativa del Ejecutivo a ajustar el IRPF y por la escalada de impuestos y cotizaciones. El resultados ha sido una pérdida de poder adquisitivo en un escenario en el que el salario más frecuente es de 16.520 euros, según la estadística del INE.El aumento de los precios se ha consolidado por quinto mes consecutivo por encima del 3% impulsados por el empuje de los carburantes y la electricidad . Los trabajadores que están bajo el paraguas de la negociación colectiva acumulan también ya cinco meses de pérdida de poder de compra, desde que en marzo se incrementara la inflación con el estallido de la guerra en Oriente Medio y se pusiera fin a 19 meses seguidos de ganancias. Hasta julio los salarios han crecido un 3% frente al 3,5% en que lo han hecho los precios en este periodo. Y como dato a tener en cuenta: los sueldos pactados en convenio están subiendo este año por debajo de la revalorización del salario mínimo , que fue del 3,1%.Así, un trabajador que perciba el sueldo más frecuente en España (1.180 euros al mes) habría tenido una subida de 35,4 euros. Para no perder poder de compra el incremento tendría que haber sido de 41,3 euros, casi seis más. Para el caso de un empleado que tenga un sueldo medio (2.386 euros) el alza fue de 71,58 euros; para paliar la escalada de los precios tendría que haber recibido 83,51 euros, cerca de 12 más de lo recibido . Cesta de la compra, electricidad, carburantes, alquileres... los precios no dan tregua, situación que se agrava para los que tienen una hipoteca por la subida de los tipos de interés para hacer frente a la presión inflacionista provocada por la guerra. El pasado julio el Banco Central Europeo (BCE) subió por primera vez el precio del dinero en tres años, lo hizo en un 0,25 puntos porcentuales, para dejarlos en el 2,25%. La consecuencia inmediata ha sido que el euríbor, el índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España, cerró en el mes de julio en una media del 2,855%, frente al 2,798 del mes anterior. Y lo peor es que tendencia es al alza.No ayuda la sobrecarga de impuestos y cotizaciones que recae sobre las familias. El nuevo año llegó, como ya vienen siendo habitual, cargado de cotizaciones extra. Destope de las bases máximas de cotización, cuarto año de aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y segundo de la 'cuota de solidaridad' para los sueldos de más de 60.000 euros anuales. Zarpazos en la nómina de los trabajadores, que en el caso de la 'cuota' no genera derechos para la jubilación, por lo que estamos ante un impuesto. Si se suman impuestos como el IBI, Circulación e IVA, entre otros, la asfixia fiscal termina empobreciendo a los trabajadores. El limitado crecimiento de los salarios sigue siendo un punto débil en España, según alertaba la OCDE en su informe sobre «Perspectivas del empleo 2026». El organismo internacional relataba que aunque los salarios reales crecieron un 2% durante el último año, siguen situándose un 2% por debajo del nivel alcanzado en el primer trimestre de 2021, lo que sitúa a nuestro país entre las economías del denominado 'club de los países ricos' donde más han caído las nóminas desde la crisis del Covid. La OCDE ha avisado de que el escaso crecimiento de los sueldos es un punto débil en España tras alertar del estancamiento de la productividad«Esto se produce a pesar de los importantes aumentos del salario mínimo, que han protegido a los trabajadores con menores ingresos frente a la inflación, lo que apunta a un estancamiento aún mayor en los salarios reales de gran parte de la fuerza laboral», explicaba el organismo tras alertar también de que el crecimiento de la productividad laboral se ha estancado durante la última década y de que en un contexto de renovadas presiones inflacionistas a corto plazo, los salarios reales no repuntarán a lo largo de este y el próximo año. Mientras, el salario mínimo ha subido este año más de lo que lo están haciendo los sueldos de convenio. Tras un pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC.OO. el indicador ha crecido hasta 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. Desde que el Ejecutivo comenzó la escalada de incrementos en 2019, el SMI acumula subidas cercanas ya al 70%.Fiasco del pacto de conveniosNo ayuda en la evolución de los sueldos el limbo en el que ha quedado el pacto de salarios, que ha paralizado algunos convenios a la espera de directrices por parte de las empresas. El 31 de diciembre concluyeron los tres años de vigencia del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con muy pocas opciones de se reproduzca un VI para el periodo 2026-2028. Las tensiones entre las empresas y los sindicatos son más que evidentes. La organización que dirige Antonio Garamendi no ha digerido el goteo de descalificaciones recibidas por parte de los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, por no respaldar los cinco pactos suscritos por ellos con el Gobierno sobre riesgos laborales, permisos por fallecimiento, rebaja de la jornada, la reforma del desempleo o la subida del salario mínimo. Desencuentros que dieron paso a una espiral de desprestigio y de insultos no sólo por parte de las centrales, también de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Piedras el camino que ponen muy difícil, por no imposible, poner de acuerdo a las dos partes.Convenios, a la esperaLa importancia del AENC, que no obliga a las partes, es que sirve de guía para los negociadores en cada empresa, y es una hoja de ruta que también contribuye a evitar conflictos, teniendo en cuenta que llega con el sello de las cúpulas empresariales y sindicales y se pone sobre la mesa a la hora de actualizar más de 4.000 convenios que se negocian y están vigentes y que regulan las condiciones laborales de más de 11 millones de asalariados. El capítulo salarial es, tradicionalmente, la espina dorsal de los acuerdos de convenio, en los que también se han incluido en años anteriores asuntos relacionados con el empleo, el tiempo de trabajo, la protección social o la conciliación. De momento, los únicos que han hecho oferta son los sindicatos: subida salarial del 4% para cada año más una cláusula de revisión salarial del 1,5%.

«¡Basta ya! ¡Ceuta no se rinde!» Bajo este lema, más de 15.000 ceutíes se han reunido este domingo para clamar contra el Gobierno la falta de transparencia en la gestión que ha llevado a cabo de la crisis migratoria que asola el enclave español desde la entrada de 72.000 personas. Diez días más tarde, el Gobierno se empeña en difundir una imagen de Ceuta dentro de la normalidad. Las distintas comunidades religiosas —cristiana, musulmana, judía e hindú— se han unido sin un color político que les defina y bajo una sola voz. Una concentración que han calificado como «cívica y pacífica» y en la que insisten en «el respeto, la atención y el compromiso» que consideran que la ciudad «merece». Con este objetivo, se reunieron para exigir una solución a la crisis migratoria que perjudica a la ciudad. Al grito de «Viva Ceuta, viva España» y al son de los himnos nacional y local, los asistentes reivindicaron la soberanía española del territorio en una jornada marcada por la unidad y, a partes iguales, por la indignación: «Aunque no vivamos en la península, somos igual de españoles». «Cuatro religiones, un solo corazón», coreaba la multitud, en referencia a la convivencia entre las comunidades religiosas que conviven en la ciudad. El lema resume el espíritu con el que los organizadores quisieron presentar la protesta: «Somos una ciudad plural, construida por generaciones que rezan religiones distintas, pero que comparten una misma tierra, bandera y destino. Somos ceutíes, somos españoles y defendemos nuestra españolidad».El tono, sin embargo, viró hacia la crítica política según avanzaba el acto. Los manifestantes denunciaron lo que calificaron de «violación de la integridad territorial» y exigieron una «respuesta inmediata» de las administraciones competentes en materia de seguridad, estructura y sanidad ante lo que definieron como una «situación extraordinariamente crítica». Pese al tono reivindicativo, los organizadores insistieron en desvincular la protesta de cualquier discurso de rechazo. «No nace del rechazo de nadie», subrayaron, advirtiendo de que la falta de recursos «genera miedo, tensión o enfrentamientos» entre una población que vive con inquietud el aumento de las llegadas. Frente a ello, reclamaron que «parte de la solución» pase por «paz, fraternidad, solidaridad, justicia y ayuda al prójimo», y llamaron a superar las diferencias para «ayudarnos en estos momentos tan difíciles».«No tenemos color político ninguno», remarcaron los convocantes, apelando a lo que definieron como «una fuerza extraordinaria: la fuerza de un pueblo que permanece unido». La jornada dejó, en definitiva, la estampa de una ciudad que —en palabras de varios asistentes— está dando muestras de empatía ante una situación que, insistieron, «no se puede» sostener por más tiempo: «es inasumible».Entre los motivos de protesta que esgrimen para la convocatoria de la concentración, se encuentra la declaración de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha querido mantener esa imagen de normalidad dentro de los centros médicos ceutíes, los cuales han reclamado que visite de inmediato la ciudad para que compruebe ella misma cómo se encuentran desbordados. En un principio, la manifestación se acordó que tuviera lugar en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, los asistentes acudieron posteriormente en masa hacia la Plaza de los Reyes, donde se ubica la sede de la Delegación del Gobierno, cuyo representante — Miguel Ángel Pérez — ha sido una de las ausencias notables dentro del panorama político de Ceuta. Pérez — que se ha desmarcado del discurso de Moncloa reconociendo que «no hay normalidad» y admitiendo «estar bastante lejos» de ella — ha acabado siendo el objeto de las protestas frente al apoyo del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que ha hecho pública su concordancia con la manifestación. Asimismo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que tan solo quedaban dos mil inmigrantes ilegales en Ceuta. Sin embargo, el presidente de la ciudad autónoma rechazó de plano esa afirmación y garantizó que aún permanecían en las calles entre 8.000 y 11.000. Muchas de estas personas son menores de edad, cuyo número oficial asciende a 1.342, según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Por otro lado, España se encuentra sumida en una crisis diplomática con Italia que ha provocado el cierre del espacio Schengen con el país transalpino. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, junto a Pedro Sánchez se han enfrentado a Giorgia Meloni por las medidas que la primera ministra ha tomado para evitar la entrada de inmigrantes ilegales a Italia. El Gobierno español ha escalado el conflicto y ha copiado la medida italiana y también ha decretado el cierre de sus fronteras.A menos de una semana del día 15 de agosto, señalado como una jornada clave para una posible nueva avalancha de ciudadanos magrebíes, los ceutíes se unen bajo una misma bandera para manifestar que no se rinden.

España necesita vivienda . Es una de las principales conclusiones de los análisis sobre el precio de la vivienda en nuestro país que hacen numerosos economistas .EL mercado está cada vez más tensionados. Ante la gran demanda existente hay poca oferta y eso, entre otros factores, repercute en los precios . Así, son muchos los que abogan por construir y agilizar los trámites para permitirlo y que, así, una generación entera pueda acceder a la compra de su primera casa en propiedad.Pero para construir también es necesaria la mano de obra . En este problema y en su solución otros tantos ven una oportunidad en el mercado laboral y se forman para poder trabajar en la construcción . En ocasiones se empieza desde lo más bajo, como peón de albañil , un perfil que realiza tareas de apoyo en la contrucción como montar andamios, señalizar zonas, preparar y limpiar el área de trabajo o ayudar a los oficiales a realizar tareas concretas. Cuánto cobra un peón de albañil en España¿Pero cuánto cobran estos trabajadores fundamentales en el desarrollo de una obra? El convenio colectivo general del sector de la construcción, con vigencia hasta diciembre de 2026, marca las bases.Según el texto, la remuneración mínima anual en este sector depende del nivel perofesional. En el caso de peón, es la categoría más baja. Así, estos profesionales cobran una base de 18.457 euros al año, según los datos correspondientes al año 2023.Hay que tener en cuenta que este convenio establece unos mínimos a nivel general para toda España, pero los salarios pueden ser más altos . Esto depende de la empresa para la que trabajen, si existe algún otro convenio provincial o autónomico, de acuerdos individuales o de la antigüedad del trabajador. Así, otros portales especializados en salarios, como Indeed, sitúan el sueldo de estos profesionales entre los 19.000 y los 20.000 euros brutos anuales.En el mismo convenio, se vislumbra que la base de un oficial de obra para el año 2023 se sitúa en un mínimo de 19.589 euros brutos al año aunque, como en el caso del peón, el sueldo puede aumentar según los mismos factores anteriores.

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 24.600.000 pero quedó vacante, al igual que el Pozo Revancha; en la próxima edición habrá pozos acumulados por $39.400.000

El nombramiento del hospital fue en homenaje a su fallecido director, quien había sido cesado durante el gobierno de Tabaré Vázquez tras una investigación administrativa por irregularidades

Lacalle Pou, que se presentó como un “viejo militante”, fue el orador central del encuentro masivo que se realizó en la Plaza Matriz, frente a la sede del partido

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Bus Seguro en la zona del Cerrito; la Justicia lo condenó a 7 años y 3 meses de penitenciaría

Aunque Moncloa no ha querido depurar culpas, tampoco se ha escondido que, en la Ciudad Autónoma, no funcionaron los servicios de Inteligencia ni la confianza que España creía poder tener en su vecino Leer

"¿A dónde has ido, Yahya?..." Es el inicio de la carta de un familiar que está a la espera de saber de su ser querido. Yahya es una de las 72.000 personas que cruzaron la frontera de España por Ceuta. Uno de los desaparecidos, a los que ponemos rostro. No se sabe si está en el mar, en la saturada morgue o en las calles de la ciudad autónoma... Van ya más de 140 muertos Leer

El 82,4% de españoles sostiene que debería militarizarse la frontera sur y el 47,6%) culpa a Rabat de lo sucedido Leer

El comisario europeo de Interior advierte a ambos países que "la confianza entre los estados miembros" es la "moneda más valiosa" de la UE Leer

El accidente aéreo ocurrió en una zona boscosa de Vista Chinesa. La cumpleañera se salvó de milagro porque iba a subir en un segundo vuelo

Beijing cuestiona a Washington por sus presiones sobre empresas argentinas y defiende la soberanía nacional para definir acuerdos comerciales sin injerencias externas.

El país enfrenta cada verano el peligro de los incendios forestales, pero no todos son producto de la sequía y el calor extremo. Hay dos acusados más.

Un tribunal de Nuevo México responsabilizó a la empresa dueña de Facebook e Instagram por los daños ocasionados a la salud mental de niños y adolescentes.